Derecho y Tecnología en el Tercer Sector

La digitalización ofrece grandes ventajas para las organizaciones sociales, ayudando a mejorar procesos, decisiones y el impacto en las personas. Pero no todo es tan sencillo: también trae consigo desafíos éticos y legales que no debemos pasar por alto. Desde proteger los datos personales hasta usar inteligencia artificial sin discriminar, la clave está en adoptar estas herramientas de forma responsable, equilibrando eficiencia y cuidado hacia las personas. Aquí te contamos cómo lograrlo.

Es una maravilla poder contar con personas voluntarias expertas en la materia que puedan aportar su visión y granito de arena en nuestro blog. Si nos seguís, ya sabéis que siempre tenemos un/a partner invitado/a todos los meses que nos habla sobre un tema en formato vídeo. Esta vez, la colaboración se amplia al formato escrito. En este caso Karolina Vargas es voluntaria digital de nuestro club digital y es Profesional en Derecho con formación jurídica en Nuevas Tecnologías, con experiencia en el ámbito de telecomunicaciones y privacidad. ¡ Gracias Karolina por prestarnos tu tiempo y conocimiento!

Introducción

La rápida digitalización  que se ha dado en los últimos años en el tercer sector ha generado interrogantes sobre cómo pueden incorporar herramientas tecnológicas sin comprometer su misión y valores. Es importante analizar las implicaciones legales y éticas de esta integración para asegurar un impacto positivo.

Las organizaciones sin fines de lucro pueden beneficiarse, por ejemplo, de la inteligencia artificial, la automatización de procesos, bases de datos digitales y evaluaciones algorítmicas. Estas herramientas pueden ayudar a mejorar la eficiencia operativa y optimizar la toma de decisiones. Sin embargo, también es necesario evaluar los riesgos que pueden surgir, como la discriminación algorítmica, la pérdida de privacidad y el acceso desigual a los servicios digitales.

Para que la tecnología realmente impulse la labor de las entidades sociales y diversos proyectos con enfoque social, es esencial que su implementación sea efectiva y ética. Muchas organizaciones ya han integrado herramientas digitales en su gestión, logrando optimizar procesos internos y mejorar su impacto. Por ejemplo, algunas utilizan plataformas de análisis de datos para mejorar la distribución de recursos, mientras que otras emplean inteligencia artificial para personalizar la atención a sus beneficiarios.

Es fundamental que las organizaciones sin fines de lucro adopten estas innovaciones con responsabilidad, asegurándose de que sus beneficios superen los riesgos. La clave está en encontrar un equilibrio entre eficiencia y protección de derechos, garantizando que la tecnología sirva como una herramienta para mejorar vidas y no como un obstáculo que genere exclusión o desigualdad.

A continuación exploramos algunos de los principales aspectos jurídicos que las organizaciones del tercer sector deben tener en cuenta al integrar las tecnologías en sus actividades.

Protección de datos y privacidad

La recopilación y el tratamiento de datos personales de participantes, voluntariado y demás agentes de la base social de la entidad deben cumplir con la normativa de protección de datos. Las entidades sociales suelen gestionar datos sensibles, por lo tanto es fundamental obtener el consentimiento informado de los titulares de los datos y garantizar que estos sean tratados con medidas de seguridad adecuadas. Además, deben permitir el ejercicio de los derechos como acceso, rectificación y supresión de datos, notificando cualquier brecha de seguridad dentro de los plazos establecidos.

Por otro lado, las entidades sociales deben implementar medidas de seguridad técnicas y organizativas adecuadas para proteger los datos de accesos no autorizados, pérdidas o destrucciones. Esto incluye el uso de contraseñas seguras, cifrado de datos y copias de seguridad regulares. Contar con un protocolo de respuesta ante incidentes de seguridad es clave para minimizar daños y garantizar la continuidad operativa.

Propiedad Intelectual y Derechos de Autor

Las entidades sociales utilizan con frecuencia imágenes, textos y software para sus campañas y actividades. Es crucial asegurarse de que respeten los derechos de autor y se empleen licencias adecuadas para el uso de contenido digital. La gestión correcta de la propiedad intelectual en colaboraciones con terceros también es importante para evitar conflictos legales. Además, el uso indebido de material protegido puede derivar en sanciones, por lo que es recomendable emplear recursos con licencias libres o solicitar los permisos correspondientes.

Contratación online

La digitalización ha llevado a la adopción de contratos electrónicos y plataformas en línea para la gestión de acuerdos. Para garantizar su validez legal, es importante utilizar firmas electrónicas reconocidas y establecer términos y condiciones claros en plataformas digitales. Asimismo, las entidades deben definir políticas de uso de la tecnología para empleados y voluntarios, asegurándose de que comprendan sus responsabilidades al interactuar con herramientas digitales. La correcta gestión de esos acuerdos digitales puede mejorar la eficiencia operativa y minimizar riesgos legales.

Inteligencia Artificial y Ética en la Tecnología

El uso de la tecnología en la protección social puede generar múltiples beneficios, pero también consecuencias impredecibles. Si no se regulan adecuadamente, estas herramientas pueden agravar desigualdades y afectar derechos humanos fundamentales. Por ello, es clave implementar medidas que identifiquen y mitiguen cualquier sesgo o discriminación en sistemas tecnológicos.

Es esencial identificar y mitigar posibles sesgos algorítmicos que puedan afectar la toma de decisiones dentro de la organización. Además, se debe garantizar la transparencia en el uso de IA y proteger la privacidad en el análisis automático de datos. Las entidades deben establecer directrices claras sobre el uso responsable de estas tecnologías para evitar impactos negativos.

Compliance y Normativas Tecnológicas

Las organizaciones deben mantenerse actualizadas en normativas digitales y garantizar su cumplimiento. Revisar regularmente la legislación aplicable en materia digital es clave para evitar sanciones y asegurar una gestión conforme a la ley. Implementar programas de compliance tecnológico ayuda a establecer procesos adecuados para la adopción de nuevas herramientas. Además, es importante supervisar el uso de plataformas de terceros y comprender sus implicaciones legales antes de integrarlas en las operaciones de la entidad.